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Una evaluación ambiental y social independiente del proyecto de gas de Camisea - Por: Patricia B. Caffrey

1 de abril de 2002 | Reporte

Encargado por organizaciones indígenas peruanas:
El Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) y la Asociación Interétnica de la Amazonía Peruana (AIDESEP)

AGRADECIMIENTOS:

Muchas personas y sus organizaciones con una amplia gama de experiencias y conocimientos han contribuido y enriquecido esta revisión independiente. Me gustaría agradecer a las siguientes personas por su aporte técnico al análisis: las comunidades Machiguenga de la Región de Urubamba, Janet Lloyd de Amazon Watch, Bahram Jafari consultor independiente en el diseño y desarrollo de proyectos de gas, Amparo Herrera de Perú Verde una organización sin fines de lucro que opera en Timpia – Bajo Urubamba y Meche Lu de E-Law. También quisiera agradecer a las siguientes personas que revisaron e hicieron sugerencias para fortalecer el informe: Juan Carlos Riveros de WWF-Perú, Lily la Torre de Racimos de Ungurahui y Lelis Rivera de CEDIA. Gracias también a los antropólogos Conrad Feather, Gregor MacLennan y Lev Michael. Un reconocimiento especial también merecen los traductores por su buen trabajo: Violeta Villacorta, Alex Taylor y Roberto Espejo. Hubo varias personas que me acompañaron durante todo el proceso de producción de este estudio independiente y merecen un agradecimiento especial: Cathy Ross, Keith Slack y Javier Aroca de Oxfam América, Atossa Soltani de Amazon Watch y Jorge Agurto, el co-coordinador de este esfuerzo. Finalmente, nos gustaría agradecer a Amazon Alliance por sus esfuerzos de coordinación y a Global Green Grants, Oxfam America, Rainforest Action Network y Tropical Nature por su apoyo financiero.

TABLA DE CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS…………………………………………………………………………. 2
TABLA DE CONTENIDO……………………………………………………………………………. 3
I. RESUMEN EJECUTIVO ………………………………………………………………………… .4
II. INTRODUCCIÓN …………………………………………………………………………………… 7
III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MAPA …………………………………………………… .. 9
A. TRANSPORTE DE GAS: CORRIENTE ABAJO ……………………………………………… ..9
B. BLOQUE 88 - EXPLORACIÓN, EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE GAS:
RÍO ARRIBA…………………………………………………………………………………. 11
IV. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES ………………………………………………………… 14
A. PUEBLOS INDÍGENAS QUE VIVEN EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO ……………… .. 14
2. Acuerdos legales internacionales sobre derechos indígenas: ………………………… ..17
3. Análisis del Estudio de Impacto Social de Pluspetrol: ……………………………………… .. 18
B. OTROS IMPACTOS SOCIALES …………………………………………………………………… 21
1. INTRODUCCIÓN: ………………………………………………………………………… .. 21
2. Mejores prácticas y estándares internacionales: 23
3. Observaciones: Evaluaciones de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental y Planes de Relaciones Comunitarias: 25
C. IMPACTOS DE LA BIODIVERSIDAD 28
1. Introducción: 28
2. Mejores prácticas y estándares internacionales: 31
3. Observaciones: Evaluaciones de impacto ambiental y planes de gestión ambiental: 33
V. CONCLUSIONES Y RESULTADOS DESEADOS 39
A. CONCLUSIONES 39
B. RESULTADOS DESEADOS 44

I. RESUMEN EJECUTIVO

El campo peruano de gas natural Camisea (Bloque 88) y el proyecto de gasoducto se construirán en una de las áreas más sensibles ambiental y socialmente del mundo. Una región de gran biodiversidad, Camisea es el hogar de los pueblos Machiguenga, Yine, Nanti, Nahua y posiblemente Kirineri, incluidas las poblaciones indígenas que viven en aislamiento voluntario. La Cordillera de Vilcabamba y la Región del Bajo Urubamba son áreas de importancia ecológica mundial. Conservation International ha priorizado la Cordillera de Vilcabamba como uno de los veinticinco “puntos calientes” globales para la conservación debido a su riqueza biológica, alta incidencia de endemismo y estado altamente amenazado. World Wildlife Fund ha designado al suroeste del Amazonas, el Bajo Urubamba ubicado en su corazón, como una de sus ecorregiones “Global 200” priorizadas para los esfuerzos de conservación debido a su alta biodiversidad y funciones ecológicas de importancia mundial.

Esta revisión proporciona una evaluación independiente de los impactos ambientales y sociales potenciales más significativos del proyecto del gas natural y gasoducto de Camisea en el valle del río Urubamba. La evaluación dedica especial atención al análisis de las preocupaciones planteadas por las organizaciones de pueblos indígenas locales y por las organizaciones ambientales y de desarrollo nacionales e internacionales que trabajan para apoyar a los pueblos indígenas de la zona. La revisión fue encargada por el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) con el apoyo de las organizaciones cooperantes – Amazon Watch, Oxfam América y el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA). La revisión técnica fue realizada por un grupo independiente de expertos que trabajaron en estrecha colaboración con el Grupo de Interes y las partes interesadas locales para investigar, analizar y finalizar este informe. Los expertos técnicos incluyeron consultores independientes además de aportes voluntarios de expertos de las siguientes organizaciones: Racimos de Ungurahui, AIDESEP, World Wildlife Fund Perú, COMARU, CEDIA, Oxfam América, Perú Verde, ELAW Perú y Amazon Watch.

Los expertos técnicos revisaron las Evaluaciones de Impacto Ambiental, los Planes de Gestión Ambiental, las evaluaciones de la biodiversidad y otros documentos clave relacionados con el proyecto, tanto para los proyectos aguas arriba como aguas abajo. Estos documentos se compararon con (a) documentos similares preparados para el consorcio Camisea liderado por Shell de 1996-98 y (b) estándares relevantes del Banco Mundial y (c) documentos similares. El análisis preliminar fue presentado, discutido y finalizado durante una serie de talleres llevados a cabo con las partes interesadas del Valle del Río Urubamba.

Dos consorcios implementarán el Proyecto Camisea Gas. El transporte o la parte aguas abajo del Proyecto será implementado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), un consorcio de varias empresas: Pluspetrol (Argentina), Hunt Oil (EE. UU.), SK Corporation (Corea), Sonatrach (Argelia), G y M (Perú) y Tecgas (Argentina - operador principal del Proyecto y subsidiaria de Techint). Las principales características de la parte de transporte del Proyecto son:

· Gasoducto - dos ductos para ser enterrados uno al lado del otro (gas natural y gas natural licuado), 700 kilómetros desde la selva baja hasta la costa (derecho de vía de 25 metros de ancho - ROW) con capacidad para transportar 250 millones de pies cúbicos de gas natural por día y 70,000 barriles de GNL por día.
· Estaciones de bombeo y presión: 2 estaciones de bombeo en la zona sensible del bosque lluvioso.
· Dos campamentos despejados y establecidos en el área sensible de la selva tropical con 500 a 1000 trabajadores.

Pluspetrol (Argentina - operador principal), Hunt Oil (EE.UU.), SK CORPORATION (Corea) e Hidrocarburos Andino SAC (Perú) implementarán la parte de exploración y extracción del Proyecto que se llevará a cabo en el Bloque 88. Las principales características de esta parte del Proyecto son:

· Ensayos sísmicos - trayectos de 1.5 metros. de ancho se abrirá aproximadamente cada 300 metros, norte-sur y este-oeste, y producirá explosiones en un área de 800 kilómetros², 66 helipuertos y varios campamentos ocuparán 8.5 hectáreas, y habrá 6,400 zonas de descarga que ocuparán 23 hectáreas.
· Extracción - plataformas y pozos, 4 plataformas (1 a 3 hectáreas) y 12 pozos ahora, y hasta 9 más en el futuro.
· Transporte - Red de ductos entre plataformas y planta de procesamiento dentro del Lote 88, 64 kilómetros, 25 metros ROW.
· En Las Malvinas: planta de separación y condensación de gas, infraestructura relacionada, pista de aterrizaje, instalaciones portuarias, tanques de almacenamiento y un campamento en un área de 72 hectáreas con entre 500 y 1000 trabajadores.

El análisis, observaciones y conclusiones de este informe son detallados y extensos. Las principales observaciones y conclusiones son las siguientes:

Cumplimiento y Impactos Negativos Irreversibles:
El Proyecto tendrá impactos negativos irreversibles en la biodiversidad de esta área y en los grupos indígenas que viven en aislamiento independientemente de la implementación de las más estrictas medidas de mitigación. Además, existe la preocupación de que incluso si los consorcios planificaran las medidas más estrictas, en realidad las empresas no se adherirán ni cumplirán con los planes y objetivos. No existen incentivos financieros ni una aplicación estricta para garantizar el cumplimiento de los planes durante la vida del Proyecto. La capacidad del gobierno peruano para hacer cumplir el cumplimiento es débil. Ninguna de las empresas involucradas en los consorcios tiene un historial de aplicar las mejores prácticas sociales y ambientales. En el caso de TGP, las metas y medidas de mitigación son deficientes. Los planes del proyecto no incluyen procesos de seguimiento verdaderamente independientes y transparentes y carecen de mecanismos para garantizar una supervisión técnica y de asesoramiento independiente.

Ninguno de los componentes del Proyecto cumple con los estándares del Banco Mundial. Las actividades de exploración, extracción y transporte destruirán los bosques húmedos tropicales primarios y conducirán a la degradación y conversión de hábitats naturales críticos. El análisis especial de los impactos sobre los grupos indígenas, en particular los grupos indígenas que viven en aislamiento voluntario, es deficiente. Faltan planes correspondientes para prevenir y mitigar los impactos negativos sobre estos grupos. Ambas empresas violan el Convenio 169 de la OIT. No se les brindó a las partes interesadas locales la información adecuada ni el tiempo suficiente para estudiar y responder a las evaluaciones de impacto ambiental. Las actuales negociaciones y prácticas de compensación no permiten una toma de decisiones libre e informada en nombre de los grupos indígenas. No han participado en la toma de decisiones sobre cuestiones que les afectarán.

Reconocimiento de impactos inducidos y control de acceso:
Ambas EIA incluyen secciones extensas sobre el análisis de posibles impactos directos. Sin embargo, el análisis de los impactos indirectos inducidos y las correspondientes medidas de gestión ambiental para mitigarlos son deficientes. La EIA para el componente aguas arriba analiza los impactos inducidos indirectos; sin embargo, el plan de gestión ambiental es débil cuando se trata de medidas para prevenir o mitigar los impactos inducidos. La EIA para el componente aguas abajo no reconoce los impactos inducidos indirectos, por lo tanto, el plan de manejo ambiental no los aborda. Ambos componentes se estudiaron por separado, por lo que no se reconocen los impactos combinados de ambos componentes. Por ejemplo, Pluspetrol planea prohibir la construcción de caminos para dificultar el acceso, sin embargo, no se menciona que el otro componente, el gasoducto, abrirá el acceso a la Cordillera de Vilcabamba, Bajo Urubamba y Lote 88. Para ello un proyecto complejo que se implementará en un área extremadamente sensible, esta es una deficiencia significativa. Las comunidades locales, los grupos de derechos humanos y de conservación están muy preocupados por los problemas de impacto indirecto, como un mejor acceso que conducirá a una mayor colonización, deforestación, degradación ambiental, peligros para la salud, pérdida de la integridad cultural y conflicto social. Se debe exigir a las empresas que implementen medidas para controlar el acceso.

Relaciones comunitarias:
Las relaciones de los interesados ​​locales con las empresas son problemáticas. Aunque algunas de las consultas iniciales fueron bien, especialmente las realizadas por ERM, la participación pública en las revisiones de la EIA ha sido lamentablemente inadecuada. Los actores locales no han tenido ningún aporte en el diseño del Proyecto, los planes de manejo ambiental o las medidas de compensación propuestas. Las prácticas de negociación de compensaciones han servido para dividir, confundir y debilitar a la comunidad machiguenga. Las empresas están negociando exclusivamente en sus términos y las comunidades se enfrentan a tener que negociar con una o tres empresas diferentes sobre temas relacionados. No ha habido ningún esfuerzo por integrar enfoques entre empresas. Se están presentando diferentes "ofertas" a cada comunidad. Lo que a las comunidades les parece un proceso caótico y divisivo tampoco está abordando sus preocupaciones. En cambio, está generando desconfianza entre las empresas y la población local. Las comunidades locales son muy conscientes de los posibles problemas sociales y ambientales y se dan cuenta de que los acuerdos de compensación divididos y parciales no abordarán estos problemas. Las empresas deben combinar esfuerzos y recursos para trabajar con las comunidades a fin de abordar eficazmente sus preocupaciones a nivel regional y de manera integrada. Las empresas deben trabajar con las comunidades de forma colectiva, no individualmente.

Pueblos indígenas que viven en aislamiento:
La magnitud del Proyecto Camisea Gas exige una evaluación completa y precisa de las necesidades y deseos de las personas que viven en aislamiento voluntario y un análisis riguroso y completo de los impactos del proyecto en sus vidas. Los métodos propuestos para mitigar los impactos sociales en los pueblos aislados son profundamente deficientes, aunque debe tenerse en cuenta que los métodos de mitigación mejorados solo reducirían parcialmente los riesgos sustanciales de impacto social grave en los pueblos indígenas aislados que presenta el Proyecto. Los pueblos nanti, nahua y kirineri se verán afectados en diversos grados y de diferentes formas. El Proyecto Camisea Gas viola reiteradamente los derechos de los pueblos indígenas que viven en aislamiento como seres humanos y pueblos indígenas reconocidos internacionalmente. Si bien las empresas pueden desalentar el contacto, es muy probable que durante el período de 33 años de implementación del Proyecto ese contacto ocurra en contra de la voluntad de algunos de estos grupos. Los límites de la Reserva del Estado al Favor de las Poblaciones Nativas Nomade Kugapakori y Nahua no han sido respetados al permitir la exploración y extracción de gas en la Reserva. Tres de las cuatro plataformas y la mayor parte de la actividad sísmica se llevarán a cabo en la Reserva. Respetar los límites de la Reserva y los derechos de los pueblos aislados implicaría prohibir el desarrollo de tres de las plataformas (Cashirairi 1 y 3, San Martín 3) y reducir la exploración sísmica para que no se lleve a cabo en la Reserva. Finalmente, no se ha propuesto ningún mecanismo de control independiente para asegurar el adecuado desarrollo de las medidas y el estricto cumplimiento de las políticas de la empresa, códigos de conducta y planes de contingencia relacionados con los pueblos indígenas que viven en aislamiento.

Seguridad de las comunidades locales:
Las comunidades locales nunca han estado expuestas a un proyecto industrial. Se debe tener sumo cuidado para salvaguardar su salud y seguridad. Durante los talleres que se llevaron a cabo en la zona, las comunidades locales expresaron un alto nivel de comprensión y preocupación por los posibles riesgos para la salud y la seguridad. Es probable que el proceso de consulta de la EIA contribuyó a esta conciencia. Por otro lado, a pesar de la minuciosidad del análisis de la consulta, el diseño y los planes del Proyecto no han tenido en cuenta varias preocupaciones locales importantes. El diseño actual hace que el gasoducto funcione precariamente cerca de las poblaciones humanas y las estructuras civiles. Los campamentos de trabajadores presentarán una intrusión significativa en la población nativa local. Representan serias amenazas potenciales para la salud y la cultura de la población local. Cualquier relación entre los trabajadores y las comunidades locales podría generar impactos sociales negativos.

II. INTRODUCCIÓN

El campo peruano de gas natural Camisea (Bloque 88) y el proyecto de gasoducto se construirán en una de las áreas más sensibles ambiental y socialmente del mundo. Una región de gran biodiversidad, Camisea es el hogar de los pueblos Machiguenga, Yine, Nanti, Nahua y posiblemente Kirineri, incluidas las poblaciones indígenas que viven en aislamiento voluntario. Los pueblos indígenas de la zona del proyecto están muy preocupados por los posibles impactos del proyecto en sus entornos naturales y su capacidad para vivir de su entorno natural. Su sustento está íntimamente relacionado con los bosques naturales y los hábitats de agua dulce de las estribaciones de los Andes orientales y la cuenca del río Amazonas en la que viven. La degradación o conversión de estos hábitats naturales alteraría significativamente sus medios de subsistencia, salud y forma de vida. Por esta razón, han solicitado asistencia internacional para revisar los documentos de impacto ambiental relacionados con el proyecto preparados para los dos consorcios del consorcio, Pluspetrol (upstream) y TGP (downstream). La revisión busca fortalecer los esfuerzos de los actores locales para garantizar que los impactos graves relacionados con el proyecto sean abordados dentro de los procesos de gestión ambiental a establecerse.

La Cordillera de Vilcabamba y la Región del Bajo Urubamba son áreas de importancia ecológica mundial. Conservation International ha priorizado la Cordillera de Vilcabamba como uno de los veinticinco “puntos calientes” globales para la conservación debido a su riqueza biológica, alta incidencia de endemismo y estado altamente amenazado. World Wildlife Fund ha designado al suroeste del Amazonas, el Bajo Urubamba ubicado en su corazón, como una de sus ecorregiones “Global 200” priorizadas para los esfuerzos de conservación debido a su alta biodiversidad y funciones ecológicas de importancia mundial. Una evaluación ecológica rápida realizada por la Institución Smithsonian y Conservation International confirma que la Cordillera de Vilcabamba es una región de importancia para la biodiversidad mundial y recomienda que los gasoductos sean enrutados, se prohíba la construcción de carreteras y se controle la inmigración al área. Una serie de estudios de biodiversidad realizados en la región del Bajo Urubamba por la Institución Smithsonian establece que pocas áreas del planeta permanecen intactas e inexploradas, sin tocar por la actividad humana y con su complemento completo de biodiversidad como el Bajo Urubamba. Continúa afirmando que los bosques de transición del Bajo Urubamba se encuentran entre los de mayor diversidad biológica del mundo.

Dada la naturaleza social y ecológica altamente sensible de estas áreas, las partes interesadas locales esperan que los procesos y las salvaguardas propuestas cumplan al menos con los estándares establecidos por el anterior líder del consorcio Camisea, Royal Dutch Shell, y por el Banco Mundial. La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) original realizada por Shell Oil indicó que el proyecto de gasoducto y yacimiento de Camisea podría causar la pérdida de recursos alimenticios, pérdida de hábitat y biodiversidad, contaminación de los suministros de agua potable y un aumento en la incidencia de enfermedades y dolencias. . Cuando Shell Oil realizó una exploración preliminar en la región en la década de 1980, el 42% de la población nahua murió como resultado de enfermedades contraídas por los madereros (Shepard, 1999: 38). Los madereros utilizaron los senderos sísmicos para penetrar profundamente en el bosque. Antes de retirarse finalmente de este proyecto, Shell se comprometió firmemente a minimizar los impactos del proyecto en la biodiversidad y las comunidades locales de la región.

Esta revisión proporciona una evaluación independiente de los impactos ambientales y sociales potenciales más significativos del proyecto de gasoducto y campo de gas natural de Camisea en el Valle del Río Urubamba. La evaluación dedica especial atención al análisis de las preocupaciones planteadas por las organizaciones de pueblos indígenas locales y por las organizaciones ambientales y de desarrollo nacionales e internacionales que trabajan para apoyar a los pueblos indígenas en el área.

La revisión fue encargada por el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) con el apoyo de las organizaciones cooperantes – Amazon Watch, Oxfam América y el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA). La revisión técnica fue realizada por un grupo independiente de expertos que trabajaron en estrecha colaboración con el Grupo de Interes y las partes interesadas locales para investigar, analizar y finalizar este informe. Los expertos técnicos incluyeron consultores independientes además de aportes voluntarios de expertos de las siguientes organizaciones: Racimos de Ungurahui, AIDESEP, World Wildlife Fund Perú, COMARU, CEDIA, Oxfam América, Perú Verde, ELAW Perú y Amazon Watch.

Los expertos técnicos revisaron las Evaluaciones de Impacto Ambiental, los Planes de Gestión Ambiental, las evaluaciones de la biodiversidad y otros documentos clave relacionados con el proyecto, tanto para los proyectos aguas arriba como aguas abajo. Estos documentos se compararon con (a) documentos similares preparados para el consorcio Camisea liderado por Shell de 1996-98 y (b) estándares relevantes del Banco Mundial y (c) documentos similares y prácticas actuales en los proyectos del oleoducto Bolivia / Brasil y Bolivia / Cuiabá. , incluido el sistema de monitoreo independiente, el plan de desarrollo de los pueblos indígenas, los planes de manejo ambiental y los programas para compensar la pérdida de biodiversidad.

El análisis preliminar fue presentado, discutido y finalizado durante una serie de talleres realizados con representantes interesados ​​de las comunidades indígenas del Valle del Río Urubamba. Este documento presenta breves descripciones del proyecto, el análisis técnico, las conclusiones y los resultados deseados. Muchas personas e instituciones interesadas invirtieron una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para preparar esta evaluación independiente y es su más sincero deseo que los patrocinadores y gerentes del Proyecto Camisea Gas hagan uso del informe para lograr los resultados deseados. La evaluación proporcionará orientación a las partes interesadas de la comunidad para evaluar las prácticas y el desempeño de los implementadores del Proyecto y, en última instancia, el impacto del Proyecto en sus vidas y supervivencia cultural.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MAPA
A. TRANSPORTE DE GAS: RÍO ABAJO

El Proyecto será implementado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), un consorcio de varias empresas: Pluspetrol (Argentina), Hunt Oil (EE. UU.), SK Corporation (Corea), Sonatrach (Argelia), G y M (Perú) y Tecgas (Argentina - operador principal del Proyecto y subsidiaria de Techint). Se firmaron tres contratos de treinta y tres años con el Gobierno del Perú el 9 de diciembre de 2000: 1) un contrato de construcción, propiedad, operación y transferencia (BOOT); 2) un contrato de BOOT de gas natural licuado (GNL) vía ducto desde Camisea (Las Malvinas) hasta la costa del Perú (Lurín) y 3) un contrato de BOOT de distribución de gas natural por ductos en Lima y Callao. TGP es responsable del diseño, administración de bienes y servicios, construcción y operación del sistema de transporte de gas, arrendamiento de servicios de transporte y mantenimiento y reparación del sistema. El costo estimado del Proyecto es de US $ 1.45 millones. El gasoducto tendrá una longitud aproximada de 700 kilómetros y el “poliducto” para transportar el GNL será de 650 kilómetros. Ambos comenzarán en Las Malvinas en Camisea. El gasoducto terminará en el City Gate de Lima y el gasoducto de GNL terminará en Pampa Clarita en Cañete. El Proyecto está diseñado para transportar 250 millones de pies cúbicos de gas natural por día y 70,000 barriles de GNL por día. Si bien, el uso inicial será de aproximadamente 125 millones de pies cúbicos de gas natural por día, la producción se puede expandir a 730 millones de pies cúbicos por día. El diámetro del gasoducto variará entre 18 ″, 24 ″ y 32 ″ y el diámetro del gasoducto “poliducto” variará entre 14 ″, 12 ¾ ”, 10 ¾” y 8 5/8 ″. Ambos oleoductos estarán enterrados a lo largo de todo el recorrido con la posible excepción del cruce del río Acocro. La profundidad a la que se enterrarán las tuberías dependerá de las características del suelo. Por ejemplo, en los cruces de carreteras estarán enterrados a 2 metros; sin embargo, durante la mayor parte de la ruta estarán enterrados a una profundidad de 6 a 9 metros. Los ductos cruzarán treinta valles y ríos escarpados y los cruces generalmente se construirán de manera convencional con la posible excepción de los ríos Urubamba y Apurimac, que pueden involucrar la construcción a través de perforaciones horizontales guiadas. El río Acocro puede requerir un cruce aéreo. Se despejará un derecho de vía de veinticinco metros para el ducto con la excepción de una posible reducción de 15 metros al atravesar cuatro áreas ecológicamente sensibles (Vol. IR, pág. 64).

El Proyecto también incluirá la siguiente infraestructura como parte del sistema de transporte:

Para transportar gas natural:

2 estaciones de control de presión en el kilómetro 0 y el kilómetro 482

1 cerdo lanzador raspador en Las Malvinas y 1 cerdo receptor en Lurin y cerdos raspadores intermediarios cada 140 kms.

27 válvulas reguladoras, cada 35 kms.

4 ductos alimentadores de gas natural para generar electricidad para las estaciones de bombeo del GNL en los kilómetros 0, 70, 173 y 199.

Para transportar GNL:

1 estación de bombeo inicial en el kilómetro 0.

3 estaciones de bombeo intermedias en los kilómetros 70, 173 y 199.

2 estaciones reductoras de presión en los kilómetros 421 y 482.

1 cerdo lanzador raspador en Las Malvinas y 1 cerdo receptor en Pampa Clarita y 7 cerdos raspadores intermediarios.

18 válvulas y estaciones de regulación, aproximadamente cada 30 kilómetros.

Otra infraestructura relacionada:

Un sistema SCADA: un sistema computarizado controlado centralmente que monitorea y alerta de cambios en la presión en todo el sistema de tuberías.

11 campamentos temporales que ocupan 40,000 - 60,000 m2 cada uno

Construcción de caminos de acceso y mejoramiento de caminos existentes (el EIA no indica dónde).

Construcción de helipuertos (el EIA no indica dónde).
B. BLOQUE 88 - EXPLORACIÓN, EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE GAS: CORRIENTE ARRIBA
Un consorcio de empresas integrado por Pluspetrol (Argentina - operador principal), Hunt Oil (EE. UU.), SK CORPORATION (Corea) e Hidrocarburos Andino SAC (Perú), implementará el Proyecto. Luego de seguir un proceso de licitación legal, el contrato fue adjudicado a estas empresas por el gobierno peruano el 9 de diciembre de 2000. El contrato estipula que el gas debe ser entregado a Lima en agosto de 2004. El Proyecto involucrará el desarrollo de cuatro sitios de perforación en cuatro plataformas existentes ( San Martín 1 y 3, Cashirairi 1 y 3 - previamente construido por Shell Int.), La construcción de una planta de separación y condensación de gas natural (planta e instalaciones relacionadas ocuparán 72 has.) En Malvinas, instalación y operación de ductos desde el plataformas a la planta (64 kms.) y un levantamiento sísmico 3D de un área de 800 km2. El Proyecto se ubicará en la Amazonía Peruana, cerca del Río Camisea aproximadamente a 20 kms. de la margen derecha del río Urubamba. El área no está desarrollada y es reconocida por su alta biodiversidad. Hay habitantes nativos en el área, algunos asentados y otros nómadas. Una breve descripción de cada componente es la siguiente:

Levantamiento sísmico 3D:
El transporte para la prospección sísmica se realizará en helicóptero. Un campamento base (2 has.) Será temporal y estará ubicado en Malvinas cerca del río Urubamba con capacidad para 100 personas que incluirá vivienda, oficinas, talleres, generador, helipuerto, puerto fluvial y otras instalaciones relacionadas. De acuerdo con la EIA, también se construirán temporalmente tres sub-bases en el área y cada una cubrirá aproximadamente .05 has. Los campamentos itinerantes, con capacidad para 20 a 40 personas, se ubicarán temporalmente en las sub-bases (principalmente cerca de las plataformas) y otras áreas según sea necesario, a lo largo del bosque, ocupando áreas de aproximadamente .04 has por campamento. Las líneas receptoras / senderos (1.5 m. De ancho) se abrirán de norte a sur cada 300 m. y las líneas de origen / senderos (1.5 m. de ancho) se abrirán de este a oeste cada 400 m. Equipos de perforación de aproximadamente 20 personas perforarán pozos de voladura (3 ″ x 15 m.) Y detonarán explosivos a lo largo de las líneas de origen con equipo portátil. Equipos de grabación de aproximadamente 150 a 200 personas registrarán los resultados a lo largo de las líneas de recepción. La prospección también incluirá 50 pruebas de velocidad, que implican perforación y voladura a 60 m. profundidades en toda la zona. Se construirá un helipuerto (70 m. X 50 m.) Por cada 4 km2 y se despejarán y construirán 2.5 zonas de caída (6 m. X 6 m.) Por cada km2. Todas las líneas, helipuertos y campamentos itinerantes serán limpiados, restaurados y revegetados.

Construcción y operaciones de perforación: San Martín 1 (SM1) y 3 (SM3) y Cashirairi 1 (CR1) y 3 (CR3):
Se proyecta que se desarrollarán 21 pozos en ambos campos: San Martín y Cashirairi. El desarrollo inicial incluirá 12 pozos. Se prevén 4 pozos de inyección de gas en los dos campos para reinyección de gas. El EIA se ocupa del desarrollo de cuatro sitios de perforación (clusters) en cuatro plataformas existentes: San Martín 1 y 3 y Cashirairi 1 y 3. Los claros que incluyen las plataformas cubrirán de 1 a 3 hectáreas - espacio suficiente para la plataforma, viviendas, pozos de lodo , almacenamiento de agua, otras áreas de tratamiento de residuos, químicos y equipos y almacenamiento y aterrizaje y despegue de helicópteros. Las carreteras se construirán para el transporte entre pozos en un campo determinado y no se construirán externamente. El equipo pesado de transporte y perforación será transportado en barcaza y / o helicóptero al sitio. Las sustancias químicas utilizadas para la perforación se empaquetarán, transportarán y almacenarán en pozos en el sitio. Se utilizará un sistema de circuito cerrado de drenaje y contención durante las operaciones de perforación. La campaña de perforación anterior no ayudó a identificar los mejores medios para el tratamiento de lodos y se encontraron diferentes problemas, por lo que se deben explorar más opciones para cada uno de los sitios. La profundidad de los pozos variará de 100 m. hasta 2,800 m. con diámetros que varían de 8 ½ ”a 26 ″.

Planta de Tratamiento de Gas Malvinas:
La Planta estará ubicada en la margen derecha del río Urubamba, aproximadamente a 50 kilómetros de los campos de producción. La planta incluirá una instalación de compresor de agua donde la expansión turbo enfriará, condensará y finalmente separará el gas natural licuado (GNL) del gas natural. El GNL se almacenará en tanques cilíndricos horizontales para luego ser transportado por ducto hasta Pampas Clarita. La planta producirá inicialmente 11.3 MMm3 por día y 165 m3 de GNL por hora para luego expandirse a 22.6 MMm3 por día y 330 m3 de GNL por hora. Se estima que la central producirá 140,000 HP para el año 2005. La instalación también incluirá pista de aterrizaje (1,800 m.), Helipuerto, embarcadero, carreteras, talleres, vivienda, depósito de combustible, servicios auxiliares, sistema de extinción de incendios, oficinas y un sistema de iluminación que ocupará 72 has. Se estima que participarán 500 personas en la fase de construcción y 100 en la fase de operación. El equipo y los materiales de construcción se transportarán en barcazas y la arena y la roca para la construcción se obtendrán de la orilla del río. La Planta contará con las siguientes unidades: separador de líquidos, estabilización de condensados, deshidratación por tamiz molecular y sistema de glicol, criogenia por turbo expansión, venta y compresión de inyección, instalaciones de bombeo y almacenamiento de condensado de GNL y doce unidades de servicio general (sistema de venteo de antorcha, sistema de sistema de lucha, sistemas de drenaje y tratamiento de residuos líquidos, generación de energía eléctrica, sistema de aceite caliente, sistema de agua dulce, sistema de aire comprimido, almacenamiento de combustible / lubricante, sistema de inyección química y sistema de inyección diesel).

Mapa del Área del Proyecto

Sistema de Transporte de Gas y GNL:
Se construirá un sistema de tuberías de gas construido de acero al carbono o una aleación resistente a la corrosión (acero al carbono Cr13) a lo largo de 64 km. red para transportar el gas desde los clusters de pozos hasta la Planta en Malvinas e incluye un sistema de reinyección que reinyectará el gas desde la Planta a los campos. Se utilizará un sistema de inyección continua para evitar la corrosión en el sistema de conductos. El diseño incluye tres líneas: gas, gas licuado y gas reinyectado. La altura del sistema de recogida variará entre 425 y 650 metros. Las líneas irán de SM3 a SM1 y de CR3 a CR1 y luego de recorrer 6.1 a 14.7 kms adicionales. respectivamente, se acoplarán en la línea principal, que recorrerá 16.3 kms. a la Planta Malvinas. El diámetro exterior de la tubería variará del sitio de perforación inicial al segundo sitio, del segundo sitio a la línea principal y de la línea principal a la Planta en consecuencia: 16 ″, 20/24 ″, 28 ″ para la tubería de gas, 4.5 ″ , 6.625 ", 8.625" para la tubería de gas licuado y 8.625 ", 10.75" a 16 "para la tubería de reinyección de gas. El mantenimiento de la línea incluirá raspado, limpieza de bandejas de goteo, remoción de líquidos del sumidero de drenaje y colador de ventilación, mantenimiento de actuadores y válvulas de ductos, sistema de protección catótica, pintura y vegetación a lo largo del derecho de vía. Se instalarán cerdos inteligentes en las uniones de tuberías donde el ancho cambia, se lanzarán raspadores periódicamente y se instalarán válvulas de bloqueo y retención. El ancho del derecho de paso se despejará a un máximo de 25 metros y el derecho de paso se mantendrá despejado de vegetación y se utilizará para el transporte de personas y equipos y construcción. La profundidad y el ancho de las zanjas donde se enterrarán los tubos variarán y cumplirán con las normas ASME B31.8.

IV. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES
A. PUEBLOS INDÍGENAS QUE VIVEN EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO

1. Introducción:

El proyecto de desarrollo de gas de Camisea afectará a tres pueblos indígenas que se sabe que viven en aislamiento voluntario dentro de la Reserva Nahua Kugapakori en la región de Camisea. Cada uno de estos pueblos tiene su propia identidad, idioma, cultura, prácticas socioeconómicas y territorios geográficos propios. Con base en documentación de la ONG CEDIA, la EIA de Pluspetrol establece que hay 450 nahuas y 950 kugapakori (nanti) en la reserva, aunque las cifras son aproximadas (capítulo 4, pág. 35).

Estos diferentes pueblos y grupos familiares se involucran en diferentes grados de contacto, pero todos optaron por vivir aislados. Aunque muchas personas nahuas y nanti viven en asentamientos estables y tienen contacto regular con trabajadores de la salud, misioneros y antropólogos, se considera que su estado es semi-contactado, ya que continúan evitando el contacto generalizado con el mundo exterior. Además, continúan subsistiendo casi en su totalidad de los recursos naturales que se encuentran en todo su territorio y migran estacionalmente en diversos grados para acceder a la gama completa de recursos necesarios para la supervivencia. Cada uno se verá afectado en diversos grados y de diferentes formas por el desarrollo de gas según su ubicación en la Reserva. Ya sean semi-contactados o no, los tres pueblos aislados se verán afectados por el proyecto de gas de Camisea a través del agotamiento de la base de recursos naturales de los que dependen para sobrevivir y a través de otros impactos que se exploran a continuación.

La Reserva Nahua Kugapakori, creada en 1989, cubre 443,000 hectáreas. La Reserva fue creada para garantizar el territorio de sus pueblos aislados Nanti y Nahua y para protegerlos de disturbios externos. Los territorios específicos de cada uno de los grupos Nanti y Nahua no se demarcaron por separado dentro de la Reserva. Aun así, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Comunidades Nativas, estos grupos obtendrán sus propios títulos de propiedad una vez que cumplan las siguientes dos condiciones: el desarrollo de una población sedentaria o un patrón de migraciones estacionales.

Los nahuas (también conocidos como Yora) son cazadores y recolectores que viven en las regiones de cabecera de los ríos Mishagua y Sepahua, la cuenca del Bajo Urubamba y a lo largo de algunos afluentes del río Manu en la cuenca de Madre de Dios. La necesidad de escapar de las enfermedades y la esclavitud que acompañaron al boom del caucho peruano de principios del siglo XX concentró a las poblaciones nahuas alrededor de estas remotas cabeceras. Aunque vivían en aislamiento voluntario, la competencia por los recursos naturales puso a muchos grupos nahuas en contacto con otros pueblos indígenas, madereros, comerciantes y representantes de compañías petroleras. Después del contacto con los trabajadores madereros, que utilizaron senderos establecidos por los equipos de exploración de Shell en 1984, el 42% de la población murió de enfermedades respiratorias introducidas (Shepard, 1999: 38). Los investigadores estiman que entre 220 y 250 nahuas semicontactados viven en un asentamiento en la confluencia de los ríos Mishagua y Serjali. Los observadores no están de acuerdo sobre la presencia de nahuas más allá del asentamiento, aunque algunos argumentan que un pequeño número vive en total aislamiento migrando alrededor de las cabeceras de Serjali y Caspajali dentro de la Reserva Nahua Kugapakori.

Los asentamientos nanti en la parte alta del río Camisea pertenecen al grupo etnolingüístico arahuaco que emigró al área en la década de 1950 después de conflictos comunitarios en la región de Timpia. Desde finales de la década de 1980, algunos individuos y familias nanti han entrado en contacto paulatino con otras comunidades indígenas como los machiguenga, y más recientemente desde la llegada de las empresas petroleras a la región, con un reducido número de misioneros, trabajadores de la salud y educación y sociales. científicos. A mediados de la década de 1990, aproximadamente 220 personas nanti se establecieron en dos comunidades, Malanksiá (conocida como Marankiato por los Machiguenga) y Montetoni. Según algunos observadores, un número mayor de hasta 600 individuos de Nanti seminómadas viven en total aislamiento en numerosos pequeños grupos familiares, principalmente en los ríos Timpia y Ticumpinia. Algunos investigadores estiman que la población total de Nanti llega a 800.

Si bien los investigadores no están de acuerdo en cuanto a su número y origen, se cree que el pueblo Kirineri vive en total aislamiento en la parte superior de los ríos Paquiria y Serjali. (Cabe señalar que el término "Kirineri" es un nombre inapropiado de Machiguenga que significa "asesinos" o "salvajes"). Los Kirineri no son Nanti. A menudo se les llama erróneamente "Kugapakori" (Nanti). El conocimiento limitado sugiere que son un pueblo arahuaco distinto, posiblemente de origen machiguenga, que suman alrededor de 200 individuos. Existe evidencia que sugiere que los Kirineri han estado presentes en la región durante décadas, y algunos individuos han tenido contacto esporádico con comunidades machiguenga. Además, los investigadores especulan que hay pequeños grupos de pueblos Machiguenga y / o Nanti que viven en total aislamiento en la región de la reserva Megantoni entre los ríos Timpía y Ticumpinia.

Los pueblos semi-contactados y no contactados de Camisea controlan actualmente el alcance y la naturaleza de su interacción con el mundo exterior y optan por mantener el contacto al mínimo. La cuestión del control sobre el contacto es de suma importancia. Todas las culturas cambian y evolucionan: los pueblos aislados no son culturas "premodernas" "congeladas en el tiempo". No son "víctimas" pasivas de fuerzas más amplias. Capaces de dar forma a su propia participación en la sociedad y la economía en general, los pueblos en aislamiento voluntario gestionan activamente el ritmo del cambio dentro de sus culturas.

Si bien subsisten casi en su totalidad del bosque, algunos nahua y nanti se involucran en la economía de mercado mediante el comercio voluntario de bienes forestales para adquirir medicinas, motores fuera de borda y otros productos. La adquisición de productos no autóctonos puede fortalecer su posición social y económica frente al mundo exterior y no debe interpretarse por sí sola como la disolución de la "tradición".

Sin embargo, tanto para los pueblos semi-contactados como para los no contactados, cuando el mundo exterior comienza a entrometerse agresivamente en sus territorios y reducir su base de recursos naturales, el ritmo del cambio socio-económico y cultural gira fuera de control dejando a los pueblos aislados sufriendo los efectos de la cultura. dislocación y problemas sociales visibles como enfermedades introducidas y desnutrición.

Está claro que el Proyecto Camisea Gas pondrá en juego factores que desencadenarán tales consecuencias. En la base de cualquier análisis de los impactos sociales del Proyecto se encuentra la cuestión de la distribución desigual del poder político y los recursos económicos entre las empresas multinacionales de energía, el gobierno peruano y los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario. Estos pueblos están excluidos de los procesos políticos de la nación. La presencia del Estado en sus vidas es inexistente. La influencia política y económica de las empresas energéticas que impulsan el Proyecto Camisea es inmensa.

A pesar de su ubicación remota, estos pueblos son parte de la dinámica política y económica más amplia que da forma a la región de Camisea y las economías peruana y mundial. Los forasteros (misioneros, maestros, trabajadores de la salud) que se relacionan con los pueblos aislados con demasiada frecuencia buscan usarlos como un fútbol político para promover su propia agenda distintiva. Las desigualdades fundamentales que subyacen a las experiencias de los pueblos aislados de esta dinámica más amplia se ven exacerbadas por la presencia de empresas energéticas. Al debatir el precio de sus productos forestales con los mestizos locales, los individuos de los grupos indígenas en contacto inicial a menudo se encuentran en desventaja debido a su falta de fluidez en español y su inexperiencia con una economía basada en la moneda. Debido a su falta de comprensión de los conceptos occidentales relacionados con el desarrollo industrial, los derechos sobre la tierra, los derechos sobre los recursos, al debatir los impactos del Proyecto de Gas Camisea con los representantes de la empresa, esta disparidad de poder se magnifica.

El análisis de los impactos sociales del Proyecto Camisea Gas en las personas que viven en aislamiento voluntario contenido en las Evaluaciones de Impacto Ambiental de Pluspetrol Perú SA y Transportadora de Gas de Perú se basa en este desequilibrio generalizado de poder. Las deficiencias en ambas EIA para evaluar y abordar los impactos potenciales de las operaciones de gas aguas arriba y aguas abajo en los pueblos aislados de la región, violan sus derechos humanos e indígenas según lo establecido en el derecho internacional.
2. Acuerdos legales internacionales sobre derechos indígenas:

En cuanto a los derechos históricos de los pueblos indígenas semicontados y no contactados, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene un instrumento vinculante que se centra exclusivamente en los derechos indígenas, el Convenio 169 de 1989. Actualmente, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU está debatiendo un borrador integral y progresivo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El proyecto de Declaración aún no ha sido ratificado pero, en resumen, establece que los pueblos indígenas pueden hacer valer legalmente sus derechos a vivir de acuerdo con sus propias culturas y mantener sus formas de vida; a la plena participación en la toma de decisiones; al consentimiento libre e informado; aplicar y hacer cumplir el derecho consuetudinario; representarse a sí mismos a través de sus propias autoridades e instituciones tradicionales; poseer, controlar y administrar tierras comunales ancestrales (ver la sección B2 para una discusión más detallada sobre el reconocimiento legal internacional de los derechos indígenas).

Sin embargo, la legislación internacional no aborda todos los derechos únicos de los pueblos semicontactados y no contactados. En reconocimiento de este hecho, otros actores han desarrollado políticas para proteger los derechos de los pueblos aislados, particularmente en Brasil. La agencia de asuntos indígenas del gobierno brasileño FUNAI fundó departamentos federales y estatales que se enfocan exclusivamente en temas de pueblos no contactados. Una década de análisis de políticas dentro de la FUNAI condujo a la adopción en la década de 1990 de una política de pueblos aislados basada en el principio de "no contacto forzado". En reconocimiento de los deseos de los pueblos aislados y como resultado de una serie de casos de 'contacto forzado' que terminaron en muertes entre grupos aislados a través de enfermedades y conflictos, FUNAI ahora evita activamente que los actores externos busquen contacto con pueblos semi-contactados y no contactados.

El gobierno colombiano también ha tomado medidas únicas para proteger los derechos de los pueblos semi-contactados y no contactados al crear una zona de protección permanente que cubra las tierras ancestrales del pueblo Nukak Maku de la Región Amazónica.

El debate sobre los derechos de los pueblos semi-contactados y no contactados dentro del gobierno peruano es incipiente. Sin embargo, en su labor de defensa de los derechos de los pueblos indígenas en el departamento de Madre de Dios, la organización indígena peruana FENAMAD ha desarrollado políticas de reconocimiento internacional sobre los derechos de los pueblos semicontactos y no contactados. (En 1997 FENAMAD recibió el premio Bartolomé de las Casas por su trabajo con pueblos semi-contactados y no contactados amenazados por el desarrollo petrolero en sus tierras por el consorcio Mobil, Exxon y Elf). FENAMAD basa su política en el reconocimiento del derecho inalienable de los pueblos semi-contactados y no contactados a permanecer sin contacto. El derecho fundamental de estos pueblos a definir y elegir los términos y el alcance del contacto está claramente establecido. FENAMAD aboga por una política de "no contacto forzado", lo que significa que cualquier contacto debe ser iniciado por esas personas. FENAMAD establece que:

“El contacto de foráneos con estos pueblos significaría un grave atentado contra el derecho fundamental a la salud, identidad cultural, integridad moral, su libre desarrollo y bienestar, ya la posesión sobre la tierra de estos pueblos al someterlos a condiciones que afectarían sus derechos posibilitando su extinción definitiva como individuos y como pueblo indígena con una identidad cultural propia ".

(“El contacto de forasteros con estos pueblos constituiría una seria amenaza a su derecho fundamental a la salud, la identidad cultural, la integridad moral, el control sobre el desarrollo, el bienestar y la posesión de la tierra al someterlos a condiciones que afectarían sus derechos y harían posible su extinción como individuos y como pueblos indígenas con identidad cultural propia ”).
3. Análisis del Estudio de Impacto Social de Pluspetrol:

Metodología y datos de referencia deficientes
La Política sobre Pueblos Indígenas del Banco Mundial (OD 4.20) especifica que se deben realizar estudios de referencia adecuados para identificar los problemas y preocupaciones indígenas clave en la etapa de identificación del proyecto. Los datos de referencia del Estudio de Impacto Social (EIS) de ERM sobre las personas que viven en aislamiento voluntario son insuficientes, en parte debido a las débiles metodologías de adquisición de datos. Existe una diferencia evidente entre la cantidad relativamente extensa de datos acumulados para el estudio de línea de base de las principales comunidades del río Machiguenga y los datos sobre pueblos que viven en aislamiento voluntario.

El estudio reconoce la existencia de pueblos que viven en aislamiento voluntario en la zona de Camisea. Se ofrece una breve historia del pueblo nanti y cierta información sobre el uso de sus recursos naturales. Se hace referencia a los pueblos nahuas que viven cerca de la desembocadura del río Serjali y a los "grupos nómadas" que viven tanto dentro como fuera de "la Reserva Estatal de Nahua y Kugapakori" (capítulo 4, pág. 22). Su estilo de vida se describe brevemente como "en un estado de equilibrio con su bosque de montaña" (capítulo 4, pág. 30).

También se reconoce la existencia de “varios grupos nómadas en relativo aislamiento con poco o temprano contacto” que se supone que son machiguenga (capítulo 4, pág. 21). Sin embargo, la breve discusión del Santuario Megantoni no hace referencia a los pueblos machiguenga aislados que casi con certeza viven allí (capítulo 4, pág. 31).

Para mejorar la adquisición de datos para el estudio de línea de base, Pluspetrol podría haber aprovechado el cuerpo de conocimiento sobre los pueblos aislados de la Reserva que existe entre los expertos locales, las ONG y los científicos sociales. Cabe señalar que los vuelos en helicóptero sobre asentamientos de pueblos semicontactados y no contactados (realizados por Pluspetrol según testigos locales) no son un medio preciso para estimar el tamaño de la población o los patrones de uso de la tierra. Además, tales vuelos tienen el efecto de aterrorizar y dispersar a grupos aislados.

Contrario a las recomendaciones de FENAMAD sobre pueblos semi-contactados y no contactados, Pluspetrol admite que representantes de la empresa ingresaron a las comunidades nanti de Montetoni y Malanksiá para realizar entrevistas. Esta acción contrarresta claramente las políticas establecidas de "no contacto forzoso" para estos pueblos. Si bien estos dos asentamientos nanti tienen algunos vínculos con forasteros a través de visitas esporádicas de trabajadores de la salud y científicos sociales, su deseo de permanecer aislados se evidencia en su propia práctica de no iniciar contacto, excepto en casos raros con fines comerciales. Las amenazas que representan tales visitas se describen en la declaración de FENAMAD anterior.

Además, parece que las entrevistas en las comunidades nanti se realizaron sin una metodología para guiar el compromiso con las personas aisladas. No existe ninguna metodología para abordar el potencial de una comunicación incompleta y defectuosa entre partes culturalmente inconmensurables ubicadas de manera desigual dentro de las jerarquías de recursos que utilizan marcos sociolingüísticos de referencia y normas conceptuales mutuamente incompatibles e ininteligibles. El uso de traductores inexpertos de Machiguenga también habría contribuido a una comunicación defectuosa. Los idiomas Machiguenga y Nanti son similares, pero no idénticos. Como resultado, la posibilidad de malentendidos es alta, particularmente durante la discusión de conceptos relacionados con el desarrollo energético que son ajenos a una o ambas culturas. El potencial de falta de comunicación en tales situaciones de contacto refuerza la necesidad de una política de "no contacto forzado".

Las deficiencias en el estudio de línea de base para pueblos semi-contactados y no contactados explican en parte la consiguiente falla de la EIA para identificar y mitigar adecuadamente los impactos del proyecto sobre ellos.

Marco inadecuado para la consulta y participación de las partes interesadas:
Es imperativo para cualquier empresa de energía que se dedique a la extracción de recursos involucrar a todas las personas y grupos afectados en todas las etapas del proyecto, un principio consagrado en el Convenio 169 de la OIT. Se debe prestar especial atención a las partes interesadas que son más vulnerables a los impactos del proyecto. El artículo 7 del Convenio 169 de la OIT se refiere a los derechos de los pueblos indígenas a “participar en la formulación, implementación y evaluación de planes y programas de desarrollo nacional y regional que puedan afectarlos directamente”.

La participación debe ser proactiva y significativa, permitiendo a los grupos una influencia genuina en el proceso de toma de decisiones. Según la OD 4.20 del Banco Mundial, la participación significativa exige un "mecanismo" para la participación indígena en la planificación y ejecución de proyectos.

No se da evidencia en el Estudio de Impacto Social de alguna participación de grupos indígenas en contacto inicial en los procesos de toma de decisiones del proyecto de gas de Camisea. Aunque se realizaron visitas a las comunidades nanti, no se identifica ningún mecanismo participativo. No hay un informe de los comentarios y opiniones de la gente Nanti sobre el proyecto y su contribución parece no haber sido integrada en ninguna fase del desarrollo del proyecto. La falta de información sobre cómo se llevaron a cabo las entrevistas con los Nanti implica una falta de transparencia por parte de las empresas y arroja más dudas sobre las metodologías de participación.

Como no se recomienda el contacto forzado, es imposible que los pueblos semi-contactados y no contactados de la Reserva Nahua-Kugapakori participen de alguna manera en la formulación, implementación y evaluación de planes y programas para el Proyecto Camisea Gas. Como tal, el gobierno debe proteger a estas poblaciones al no permitir actividades industriales en la Reserva que fue creada para protegerlas de este mismo tipo de contacto prematuro.

Evaluación deficiente de los impactos sociales:
El EIA para el proyecto aguas arriba centra su evaluación de impacto casi por completo en las principales comunidades del río Machiguenga. La mayoría de los impactos se evalúan aldea por aldea y no generalmente para la cultura o forma de vida de los grupos indígenas del bajo Urubamba. Identifica correctamente numerosos impactos dañinos en sus vidas como resultado del proyecto, incluidos la reducción de la caza y el suministro de pescado, el suministro de agua contaminada, la colonización, la presión sobre la infraestructura local inadecuada, el aumento de los conflictos sociales, la delincuencia y la prostitución.

Sin embargo, la evaluación de los impactos del proyecto en los pueblos aislados está incompleta. Los niveles estimados de influencia establecidos en el EIA incluyen directa, indirecta y potencial. El informe subestima el nivel de impacto al afirmar que las pruebas sísmicas "influirán potencialmente en las comunidades de Nanti Montetoni y Marankiato". Esta evaluación también ignora el impacto directo e indirecto sobre las poblaciones nómadas que no viven en los dos asentamientos que deambulan por la Reserva Nahua / Kugapakori. La Reserva, que incluye la mayoría del bloque 88 y sus poblaciones nómadas, es más probable que esté directamente influenciada por pozos de producción, líneas de flujo, explosiones y actividades sísmicas relacionadas, y todo el tráfico aéreo y fluvial a lo largo del río Camisea, que es el principal río del Reserva. El informe establece que “los que pueden verse potencialmente afectados incluyen… grupos de nómadas nativos dentro de los nahua-Kugapakori”, pero no se estipula la naturaleza de la influencia sobre estos pueblos (capítulo 4, pág. 4).

El reconocimiento inicial de los “impactos potenciales” e “impactos indirectos” sobre los pueblos de forma aislada no se desarrolla a medida que avanza el análisis. Solo se contemplan tres impactos del proyecto en pueblos indígenas aislados:

· Se hace una breve mención a las comunidades aisladas en una discusión sobre la probable propagación de los comerciantes de madera desde Sepahua hacia la reserva Nahua-Kugapakori. Se afirma que “esto podría generar conflictos territoriales en el caso de que los madereros invadan tierras privadas y áreas protegidas como la Reserva Nahua-Kugapakori” (capítulo 4, pág. 116). No se considera el efecto del trauma del conflicto en los pueblos.

· Se considera la probabilidad de contaminación de los sistemas fluviales en el área que resulte en una reducción del suministro de pescado y un aumento de la desnutrición, pero no se hace referencia directa al impacto resultante en los pueblos seminómadas aislados que pueden pescar en los ríos (capítulo 4, pág. 117).

· El estudio reconoce que los trabajadores involucrados en actividades de prospección sísmica en áreas remotas podrían entrar en contacto con pueblos aislados. Se establece que en tales casos se deben tomar “medidas de contingencia” (capítulo 4, pág. 116). Pluspetrol ha definido un plan de contingencia, pero la falta de monitoreo y supervisión independientes debilitan la efectividad potencial del plan. No se puede suponer que el plan evitará de manera efectiva impactos dañinos como la propagación de enfermedades introducidas que podrían resultar fatales para las poblaciones aisladas.

No está claro por qué el análisis más completo de los impactos en las principales comunidades del río Machiguenga no se amplió para incluir los impactos directos e indirectos sobre los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario. La identificación de los impactos en las principales comunidades fluviales debería haberse ampliado para incluir la consideración de los efectos asociados en los pueblos aislados. Las crecientes presiones sobre la base de recursos de las principales comunidades fluviales obligarán a la creciente población fluvial principal a buscar recursos que se encuentran en tierras de pueblos aislados. Teniendo en cuenta estos efectos asociados, el Proyecto Camisea Gas influirá en la vida de los pueblos indígenas aislados de la región. Diferentes grupos e individuos experimentarán en diversos grados algunos o todos los siguientes impactos relacionados con su salud, integridad cultural y supervivencia física:

· Mayor presencia dentro de sus tierras de trabajadores de la empresa, colonos, madereros y miembros de otros grupos indígenas que posiblemente resulten en un conflicto por los recursos de la tierra y los bosques y, en algunos casos, un conflicto violento e incluso la incidencia de agresiones mortales
· Menor ingesta nutricional debido a la contracción de su base de recursos naturales de la que dependen casi por completo para su subsistencia debido al aumento de la población local y el ruido de los helicópteros que pasan y las explosiones para las pruebas sísmicas que ahuyentan a la caza
· La necesidad de adquirir fuentes de ingresos monetarios para alimentos y medicinas posiblemente a partir de una mayor participación en la economía de mercado "efectivo"
· La reducción de la fauna y la flora limita el acceso a alimentos, recursos ceremoniales y medicinales y materiales de construcción y herramientas de trabajo
· Más enfermedades introducidas que provocan la muerte, una salud más precaria y una mayor dependencia de las medicinas no tradicionales
· Peor salud debido a beber y bañarse en agua de río contaminada por desechos industriales y erosión del suelo
· Desintegración cultural y social, depresión, retirada de los terrenos tradicionales y toma de decisiones basada en el miedo.

Al poner en marcha estos impactos en la salud, el Proyecto Camisea Gas viola una serie de acuerdos internacionales y plantea una serie de amenazas a los derechos indígenas reconocidos internacionalmente.
B. OTROS IMPACTOS SOCIALES
1. Introducción:

El Proyecto de Gas de Camisea puede afectar las vidas de aproximadamente 7,000 personas que viven en 42 comunidades en la región del Bajo Urubamba, además de un estimado de 500 a 1,500 indígenas que viven en aislamiento y aproximadamente 20,500 personas que viven en 60 comunidades en la región del Alto Urubamba. Los posibles impactos negativos para los pueblos indígenas que viven en aislamiento se han analizado en la sección anterior. Existen impactos negativos potenciales adicionales que pueden afectar a todas las personas que viven dentro de las áreas de influencia directa e indirecta del Proyecto: el Valle del Río Urubamba.

El ERM EIA documenta que hay seis grupos étnicos diferentes en el área del Bajo Urubamba, 5 de ellos indígenas del área. De los indígenas hay aproximadamente 4,800 del grupo Machiguenga, 700 del grupo Yine, 700 del grupo Ashininka y entre 500 y 1,500 de los grupos que viven aislados: los Nanti (Kugakaporis) y Nahua. Se estima que hay aproximadamente 800 personas de origen mestizo (mixto) en el Bajo Urubamba. Los indicadores de bienestar socioeconómico muestran que la mayoría de la población de la zona vive por debajo del nivel de pobreza. Los indicadores muestran que la población local está en peor situación que la mayoría de los latinoamericanos. La tasa de mortalidad infantil es de 126 sobre 1,000. La esperanza de vida promedio es de aproximadamente 50 años. El treinta por ciento de la población mayor de 15 años es analfabeta. El ingreso per cápita se estima en 60 dólares estadounidenses al año.

La población indígena ha vivido en el área durante miles de años y subsiste de su entorno natural: los bosques y su sistema fluvial acuático relacionado, de manera sostenible. Se dan cuenta de que su supervivencia depende de la salud de los ecosistemas en los que viven. Subsisten del mantenimiento de parcelas agrícolas de pequeña escala en el borde del bosque, la caza, la pesca y la extracción de productos no maderables como frutas y nueces y productos medicinales. Como muchos grupos indígenas, se dan cuenta de la importancia de vivir en armonía con su entorno y tienen una relación reverente y espiritual con su entorno natural expresada en ceremonias tradicionales y prácticas sostenibles.

Sin embargo, los pueblos indígenas que viven en comunidades asentadas también participan en el sistema político local, regional y nacional y han sido influenciados por personas que han emigrado a la zona, sobre todo misioneros, algunos proveedores de servicios gubernamentales y colonos agrícolas mestizos, empresas petroleras, trabajadores y comerciantes de la industria maderera. Interactúan en una economía de mercado, que complementa los bienes disponibles en su entorno natural. No están aislados del mundo circundante, pero han logrado mantener sus culturas y tradiciones únicas. Su influencia política no es tan fuerte como la de la mayoría de los actores sociales en el Perú y por eso están organizados en organizaciones representativas que abogan por sus derechos - COMARU y CECONAMA. A pesar de sus esfuerzos por organizarse, a menudo se encuentran en desventaja a la hora de representar sus intereses. Han perdido en el pasado frente a intereses más poderosos, como las grandes empresas interesadas en explotar sus recursos naturales, es decir, la extracción de madera y petróleo. La ley peruana favorece las actividades de hidrocarburos sobre la conservación de tierras comunales y áreas protegidas. Es lógico que también estén en desventaja a la hora de defender con éxito sus intereses con los patrocinadores del Proyecto Camisea Gas. Las tácticas para dividir y debilitar a las organizaciones indígenas locales también han sido utilizadas por poderosos intereses para debilitar los esfuerzos por defender los derechos locales.

Los partidarios del Proyecto Camisea Gas profesan que el Proyecto mejorará la economía de Perú. Se espera que mejore el bienestar socioeconómico de la gente de Perú, un impacto positivo indirecto de los ingresos por la venta de productos de gas. También es lógico que las personas que albergan el Proyecto en sus tierras deben estar entre las que obtienen beneficios socioeconómicos del Proyecto. Ciertamente, no deberían tener que soportar la carga de ninguno de los costos. Se debe tener cuidado de planificar e implementar el Proyecto de una manera que no empeore la situación de la población local. Conservar y salvaguardar el medio ambiente natural es fundamental para mantener el bienestar de la población local. También es muy importante respetar y mantener las tradiciones culturales, así como el liderazgo y la organización tradicionales que han sido la clave para la supervivencia de estas personas a lo largo del tiempo. Los indicadores de bienestar social deben mejorar, no disminuir.
2. Mejores prácticas y estándares internacionales:

Los pueblos indígenas que buscan afirmar sus derechos humanos pueden recurrir a varios instrumentos jurídicos internacionales ampliamente ratificados, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos - el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - en los que los derechos humanos universales se definen “sin distinción de raza, sexo, idioma o religión”.

En cuanto a sus derechos históricos como pueblos indígenas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene un instrumento vinculante que se centra exclusivamente en los derechos indígenas: el Convenio 169 de 1989. Derechos establecidos en los acuerdos internacionales anteriores y otros derechos definidos a través del debate en el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Poblaciones Indígenas se ha incorporado a un proyecto de Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que actualmente está siendo discutido por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El proyecto de Declaración aún no ha sido ratificado, sin embargo, ya se lo conoce como la declaración más completa y progresiva de los derechos indígenas hasta la fecha. También se está debatiendo una declaración similar a nivel continental en la Organización de los Estados Americanos.

Las convenciones y acuerdos internacionales sobre pueblos indígenas en resumen abogan por que los pueblos indígenas hagan valer legalmente sus derechos a vivir de acuerdo con sus propias culturas y mantener sus formas de vida; a la participación plena en la toma de decisiones; al consentimiento libre e informado; aplicar y hacer cumplir el derecho consuetudinario; representarse a sí mismos a través de las propias autoridades e instituciones tradicionales; poseer, controlar y administrar tierras comunales ancestrales. La Directiva Operativa 4.20 del Banco Mundial (OD 4.20 del Banco Mundial) básicamente hace cumplir la implementación de estos principios en los proyectos financiados por el Banco Mundial. Las convenciones internacionales ubicadas y la política del Banco Mundial para los pueblos indígenas (OP 4.20) se aplicarían a la mayoría de las personas que viven en el área.

Estas convenciones y estándares implican que los desarrolladores deben respetar los derechos de los pueblos indígenas a mantener sus tradiciones, culturas y estructuras organizativas y de toma de decisiones tradicionales. Los desarrolladores del proyecto están obligados a informar completamente a los pueblos indígenas locales de cualquier impacto potencial, directo o indirecto, a corto o largo plazo, que pueda afectarlos de alguna manera. Una vez que los grupos locales están plenamente informados, tienen derecho a participar en las decisiones relacionadas con el Proyecto que puedan afectarlos. La OD 4.20 del BM va un paso más allá al requerir la preparación e implementación de planes de desarrollo de los pueblos indígenas (IPDP) para abordar cualquier impacto adverso y ayudar a garantizar que los pueblos indígenas se beneficien del proyecto. Dichos planes generalmente incluyen el establecimiento legal de derechos sobre la tierra donde el acceso tradicional a los recursos naturales puede estar en riesgo y actividades de desarrollo económico y social para asegurar que la población local se beneficie y no se vea perjudicada por el proyecto.

Aunque se llevaron a cabo consultas locales con las comunidades locales como parte del proceso de EIA, los grupos indígenas locales no sienten que hayan sido informados adecuadamente sobre el Proyecto. Tampoco sienten que hayan estado involucrados en la toma de decisiones sobre temas que podrían afectarlos. Estas opiniones fueron expresadas a la Coordinadora de Evaluación Independiente cuando visitó Perú en febrero y se reunió con una serie de partes interesadas: comunidades locales y organizaciones no gubernamentales. El período de revisión y comentario público sobre las miles de páginas de las EIA no fue suficiente. COMARU recibió los documentos completos del EIA de Pluspetrol el 17 de noviembre de 2001 y

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